El error de la JEP

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Por: Vicealmirante (RA) Luis Alberto Ordóñez Rubio, Presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro de las FF.MM. de Colombia.

El error de la JEP, con relación a la valoración del atentado en la Escuela Superior de Guerra con un carro bomba, es el mismo del Proceso de Paz al colocar de igual a igual a las Farc con el Estado colombiano, y eso no quiere decir que se esté negando el conflicto, o no se quiera la paz. Por el contrario, con este proceso se debe garantizar que la consigamos algún día y para ello hay que desmotivar con fallos apropiados a quienes hoy usan las armas para delinquir y enriquecerse ilícitamente.

En un análisis de lo que pasó en esa Institución de educación superior, vemos que terminan enfrentadas dos fuerzas, vuelvo y repito, como si fueran iguales, las Farc por un lado y los militares por el otro, como si el resto de Colombia no existiera o fueran los convidados a un estadio de fútbol a ver una contienda ajena. Entonces se podría entender, más no compartir, el razonamiento de quien proyectó el fallo en primera instancia de que colocar una bomba en la mitad de la ciudad, en un centro académico lleno de civiles, es válido a la luz del Derecho Internacional Humanitario, DIH. Algo realmente inadmisible, pues el DIH precisamente lo crearon las naciones para humanizar los conflictos y evitar daños innecesarios a los combatientes y a los civiles.

Se olvida la JEP, como se olvidaron en La Habana, que lo qué pasó en cincuenta años en Colombia no fue “una guerra entre dos bandos”, sino que un grupo guerrillero decidió desafiar al Estado, ignorar la Constitución y las leyes e irse con las armas en contra del sistema legítimamente constituido. En ese orden de ideas, el decisor político le ordenó a la fuerza pública contrarrestar la amenaza y por eso los militares terminaron allí. Pero resulta que ahora todos miramos el conflicto desde la barrera y juzgamos a “los dos bandos contrincantes” y, permítanme decirlo, con bastantes ventajas para el que estaba fuera de la ley y entonces parece normal y entendible que un acto terrorista de esa proporción también justifique dejar militares, en ese momento desarmados y dedicados al estudio de alto nivel en temas del Estado, sin el derecho a ser víctimas. Pareciera, en mi opinión, que se estuviera pensando: “Bueno al fin y al cabo era su guerra”, como si ellos mismos hubiesen decidido ir a combatirla.

Este caso es solamente uno de los que nos va a tocar ver; el olvido total de lo que sucedió en Colombia. Ya no recordamos que la ambición de las narcoguerrillas era llevar la guerra a las ciudades y que a finales de la década de los 90’s, del siglo pasado, las ciudades principales estuvieron sitiadas; salir a carretera era imposible, las fincas en Villeta, Choachí, algunas de los Llanos Orientales, entre otras, quedaron abandonadas. Que los Montes de María era una zona vedada para los campesinos trabajadores del campo. Que La Calera estuvo amenazada. Que la toma de pueblos y su destrucción eran titulares de todos los periódicos. Que los oleoductos y las torres eléctricas eran destruidos casi que a diario. En fin que el país estaba en su peor momento y que fueron los militares, los mismos que  no tenían finca en ninguna de esas zonas, o inversiones petroleras, o eran dueños de bancos o industrias, quienes marcharon al frente de batalla, mandados por los civiles gobernantes, a recuperar el territorio y derrotar a los bandidos de todas las calañas que desafiaban a la población, la secuestraban, torturaban, la sacaban de sus tierras, o peor aún, les quitaban a sus hijos, abusaban de ellos y los volvían delincuentes a la fuerza. Combatir toda esa barbaridad fue lo que hicieron los militares y policiales por este país. Pero ahora nadie o muy pocos se acuerdan y por eso los dejamos solos respondiendo por “su guerra”.

El controvertido fallo ha sido rechazado y criticado por muchos, por ello pensé ver a cientos de civiles protestando en la calle, apoyando a los militares que dejaron brazos, piernas o su propia vida en defensa de la sociedad, pero no sucedió, ni va a suceder, porque paralelamente ha venido una campaña de desprestigio y de ataque a las instituciones castrenses. Ha sido sistemática y constante la forma como se les cuestiona, no a las manzanas podridas, sino a toda la organización. Grave, muy grave, y quienes lo hacen, consciente o inconscientemente, no se han dado cuenta del daño y de lo que puede pasar a futuro si la anarquía, como ya se observa en las protestas de cada semana, sea la que rija al país. Libertad y orden es el lema nacional, pero poco o nada se aplica.

Estamos a tiempo de rectificar el camino y que sea contundente el rechazo a decisiones que desvirtúen la realidad. Un fallo, así sea de justicia transicional, debe ser “justo” y ejemplarizante, solo así la sociedad entenderá qué puede y qué no debe hacer.

 

LAS OPINIONES AQUÍ PUBLICADAS SON RESPONSABILIDAD DEL AUTOR Y NO REFLEJAN NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DEL CGA.

Foto portada: La FM

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